Seguridad Social para contratistas

Los Contratantes deben retener y realizar los aportes a Seguridad Social de Contratistas El Gobierno de la República de Colombia expidió la reglamentación del inciso tercero del artículo 135 del Plan Nacional de Desarrollo 2014‑2018. En dicho inciso introdujo una modificación en el Régimen de cotización de los contratistas de prestación de servicios públicos y privados, en virtud de la cual los contratantes deben retener directamente las cotizaciones que se deben efectuar los contratistas al Sistema General de Seguridad Social. El pago de estas cotizaciones se efectuará a partir del 1º de octubre del 2018, correspondiendo al periodo de cotización de septiembre del mismo año. (MINISTE3RIO DE SALUD Y PROTECCIÒN SOCIAL. DECRETO 1273 del 23 de julio de 2018.)


Nueva Ley busca mejorar las condiciones en las que el personal operativo de Vigilancia y Seguridad Privada presta el servicio.


El Gobierno de la República de Colombia sancionó la ley que crea un marco jurídico y regulatorio para el ejercicio y desempeño de la inspección, control y vigilancia sobre las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada. Dentro de las disposiciones de la mencionada ley, se resaltan las relacionadas con requisitos para otorgar la licencia de funcionamiento de cooperativas, jornadas de trabajo, incentivos para la vinculación de mujeres, seguro de vida, personas mayores o en condición de discapacidad, remuneración de dicha jornada, domingos y festivos y descansos compensatorios. Además, establece el 26 de noviembre como el Día Nacional de la Vigilancia y la Seguridad Privada. (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. LEY No. 1920 del 12 de julio de 2018).


Las Entidad Promotora de Salud ‑EPS están obligadas a prestar a sus afiliados los servicios de salud de forma ininterrumpida.


Las empresas promotoras de salud (EPS) no pueden suspender a sus afiliados los servicios de salud requeridos de forma ininterrumpida, por razones de conflictos de tipo contractual o administrativo que se presenten con otras entidades o en la propia empresa; esto con la finalidad de garantizar la continuidad, permanencia y finalización óptima de los servicios y procedimientos médicos ordenados, adheridos a la recuperación total del paciente o, en caso de que ello no fuera posible, el efecto para el cual se prescribió. (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T‑130 del 13 de abril de 2018. Expediente T‑6.484.662. Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo) Corte Constitucional unifica su jurisprudencia sobre el incidente de desacato.


En aras de que la finalidad del incidente de desacato es la de hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales objeto de amparo, la Corte ha admitido que en ciertas circunstancias el juez que conoce el grado jurisdiccional de consulta podrá adicionar lo resuelto por el a quo a través de medidas complementarias o ajustes tendientes a asegurar el cumplimiento de las órdenes de tutela, teniendo en cuenta la parte resolutiva de la sentencia de tutela, pues no es este el escenario para abrir el debate previamente clausurado. (CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia SU‑034 del 03 de mayo de 2018. Expediente T‑6.409.623. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.)


Requisito adicional de procedibilidad de la tutela en temas pensionales.


Con el fin de que sea viable para el juez constitucional analizar de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de pensión; además de reunir con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela: legitimación por activa y por pasiva, subsidiariedad e inmediatez; el juez constitucional debe poder inferir del acervo probatorio aportado, la eventual titularidad del derecho reclamado y, por consiguiente, el accionante deberá demostrar siquiera sumariamente la titularidad del derecho de la prestación económica a la que pretende acceder. (CORTE CONSTITUCIONAL CORTE CONSTITUCIONAL.Sentencia T‑255 del 04 de julio de 2018. Expediente T‑ 6.584.673. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.)


Criterios sobre la deslealtad laboral La Corte Suprema de Justicia en sala de casación laboral manifestó que puede hablarse de concurrencia laboral desleal cuando el empleado se dedica u ocupa en actividades laborales de similar índole a las ejecutadas en virtud del contrato de trabajo, siempre que tales actividades entrañen un conflicto de intereses para el trabajador y un perjuicio para el empleador, y lo sean en beneficio de éste o de un tercero. (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SL‑ 871‑201 del 21 de marzo de 2018. Radicación n° 37703. Magistrado Ponente: Luis Gabriel Miranda Buelvas).


Los emperadores y las organizaciones sindicales no podrán acordar mediante cualquier acto jurídico, reglas pensionales diferentes a las consignadas en el Sistema General de Pensiones.


El Acto Legislativo 01 del 2005 derogó la posibilidad de que los empleadores y organizaciones sindicales acuerden mediante pacto, convención o cualquier acto jurídico reglas pensionales diferentes a las consignadas en el Sistema General de Pensiones. Sin embargo, para no afectar las expectativas legitimas y los derechos adquiridos de las partes respecto a lo previamente acordado, dispuso un periodo transitorio establecido en el parágrafo transitorio 3º del artículo 1 del Acto Legislativo 01 del 2005. (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sentencia SL‑14282018 del 25 de abril de 2018. Radicado Nro. 63413. Magistrada Ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo).


Silencio Administrativo Positivo Procede De Oficio


Conforme a los artículos 732 y 734 del Estatuto Tributario, el término para resolver el recurso de reconsideración es de un año, contado a partir de su interposición en debida forma. Si el recurso no se resuelve en ese término se entiende fallado a favor del contribuyente. Dentro del término para resolver o decidir el recurso también debe notificarse la decisión, pues si el contribuyente no conoce el acto no le resulta oponible, es decir, no produce los efectos jurídicos correspondientes, por lo que no puede tenerse como resuelto el recurso interpuesto. No es necesario que el contribuyente solicite a la Administración que declare la ocurrencia del silencio administrativo positivo, pues según el artículo 734 del E.T, tal declaratoria procede aun de oficio. (Consejo de Estado Sección Cuarta Sentencia 08001‑23‑33‑000‑2013‑00583‑01 [21800] del 21 de marzo de dos mil 2018)


Impuesto Predial, El Sujeto Pasivo De Este Es El Propietario O Poseedor


En el contrato de leasing financiero el locatario no ostenta la calidad de propietario jurídico ni poseedor. Es un tenedor que reconoce la propiedad jurídica en el arrendador, quien le transfiere la propiedad al final del contrato si ejerce la opción de compra. En este sentido y acorde con las normas que regulan el impuesto predial, el sujeto pasivo del mismo es el propietario o poseedor, no el tenedor.


Ahora bien, si se acordara contractualmente, el pago del impuesto por el arrendatario debe tenerse en cuenta que los acuerdos entre particulares no son oponibles al físico. Luego, el propietario o poseedor como sujeto pasivo del impuesto y, por consiguiente, con el deber de pagarlo, sería quien puede hacer valer la deducción del impuesto, bajo