El medio ambiente ha sido un tema, históricamente, rezagado desde la esfera jurídica. Los principales acercamientos se daban en materia civil por las implicaciones en el derecho de propiedad que tenían los terrenos. Sin embargo, como campo de estudio particular es reciente y se caracteriza por una vertiginosa expansión que pretende menguar los efectos del descuido que sufrió durante años.
El derecho tiene una deuda por saldar en materia ambiental y ecológica, el mayor inconveniente es que la política sea un obstáculo para ello.
La tercera semana de junio de 2021 llenó de expectativas a un sector bastante reducido de la sociedad colombiana, los ambientalistas. Esa semana se tenía prevista la discusión respecto a la posibilidad de aprobar el Acuerdo de Escazú como parte de la normativa interna del país. No obstante, el domingo 20 de junio de 2021 se ‘hundió’ el proyecto que pretendía hacerlo realidad.
El concepto de hundimiento de los proyectos de ley es de frecuente uso pero de poca comprensión, no en sus efectos sino en las causas. En la jerga propia del legislativo, el hundimiento ocurre como efecto de la no tramitación del proyecto de ley en Comisión, es decir, que no hubiere lugar al primer debate dentro de la legislatura en que fue presentado. Esto fue exactamente lo que ocurrió en el caso de Escazú, el proyecto de ley se presentó, incluyendo el mensaje de urgencia, por el Gobierno en julio 20 de 2020. Sin embargo, su debate se aplazó tanto que no pudo ser ratificado durante esta legislatura. Es importante aclarar que las legislaturas abarcan el periodo comprendido entre el 20 de julio de cada año y el 20 de junio del año siguiente.
Lo más curioso de toda esta situación es la posición en la que queda el estado colombiano frente a la comunidad internacional. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe “tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible” (CEPAL, s.f).
Es decir, se estaba frente a una de las principales iniciativas en la órbita internacional, con aproximación multidisciplinar, a una regulación ambiental. Es una apuesta de los países de la región por permitir que la ciudadanía conozca, participe y haga valer sus derechos ambientales. El hundimiento retarda, por lo menos hasta la legislatura que empezará el próximo 20 de julio, el afianzamiento del compromiso nacional en la lucha por la protección del medio ambiente y los derechos que se derivan de su tutela.
Escazú es solo un ejemplo palpable de la actitud institucional frente a los temas medioambientales, resulta, cuanto menos, curioso que durante toda la legislatura no se diera lugar al primer debate de un proyecto de ley, con mensaje de urgencia del Gobierno Nacional y de completa relevancia, pero sí se aprobara, en la misma legislatura, el Día Nacional del Carriel y el ‘Día Nacional de La Novia Eterna de Barranquilla’.
El Acuerdo contiene unos mínimos que fortalecen, no solo la protección, sino la democracia ambiental como concepto complementario al de participación ciudadana en las decisiones nacionales. Escazú se proyectaba como un garante al trabajo de cientos de colombianos que se dedican a la conservación del medio ambiente. Importante además porque las denuncias de organizaciones no gubernamentales no paran de crecer en Colombia, una de las más alarmantes, según Global Witness (ONG mundial de temas medioambientales), solo en 2019 fueron asesinados 64 defensores ambientales en Colombia.
El derecho tiene una deuda histórica por saldar en términos ambientales y ecológicos, el mayor inconveniente es que la política aparezca como obstáculo en su senda de aprobación y progreso.
Referencias:
