El virus que revolucionó la justicia


La asociación entre virus y tecnología es bastante conocida. El temor de muchos usuarios es que sus equipos ‘contraigan’ un virus que afecte su sistema operativo y lo pueda dañar. Con lo que pocos contaban es que un virus, de los que afectan a los seres humanos, en su ámbito de salud, fuera el principal catalizador de una revolución aclamada a gritos desde principios de la década pasada.


Al intentar pensar en un mundo ‘pos-covid’ se hace imposible evocar a lo que era la cotidianidad antes de marzo de 2020. Incluso, los más románticos han encontrado virtudes en los cambios estructurales que implicó la pandemia en la forma de vivir de las personas alrededor del mundo. Uno de los puntos fuertes que tiene a su favor la irrupción del virus es que obligó a hacer cambios trascendentales que se habían postergado durante generaciones con el pretexto de otras inversiones prioritarias.


Colombia, es un estado complejo desde cualquier órbita y punto de análisis. Las necesidades parecen no tener fin y los recursos se hacen bastante finitos cuando se comparan con lo requerido. Los gobiernos de turno se han visto en las disyuntivas de tener que priorizar entre dos conceptos completamente priorizables, sea cual sea la categoría que se ponga en la variable ‘conceptos’. Ni siquiera en los años de la bonanza de los precios del petróleo se puede hablar de una situación que permitiera una inversión desde todos los frentes que son necesarios abordar.


El 17 de marzo de 2020 se expidió el Decreto 417 “por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional” ocasionado por el virus SARS-CoV-2. La situación implicó la parálisis de varias entidades del Estado, entre ellas la Rama Judicial, fue tal el impacto que el Decreto 564 del 15 de abril de 2020, dispuso, en convergencia con los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, que los términos de prescripción y de caducidad para ejercer derechos, acciones o presentar demandas ante la rama judicial o tribunales arbitrales se suspendieran desde el 16 de marzo hasta el día el 1 de julio de 2020.


De manera muy sencilla, Colombia estuvo 107 días calendario sin un funcionamiento regular de la rama del poder público encargada de impartir justicia. Es decir, durante 3 meses y 15 días, millones de personas no pudieron acceder al derecho a la justicia. Esta situación reflejó un problema que no era secreto para nadie pero que por razones de comodidad se optaba por ignorar, el funcionamiento de los despachos y tribunales en el país era decimonónico y obsoleto. El presupuesto de la Rama siempre se entendió como un costo y no como una inversión estatal y para los constitucionalistas como la materialización de la garantía de un derecho fundamental, como lo es el acceso a la justicia.


El primer gesto que apuntaba a una apuesta al largo plazo se dio con la expedición del Decreto 806 de 2020. Este decreto se convirtió inmediatamente en el tema de conversación de las esferas jurídicas en todo el país. Implicaba una pequeña aproximación a la tan anhelada sofisticación y actualización de los despachos a lo largo y ancho del territorio. Sin embargo, no fue hasta el 8 de marzo de 2021 que se dio una noticia que entusiasma la gran mayoría de operadores jurídicos, abogados, trabajadores judiciales y la ciudadanía en general.


El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) del Departamento Nacional de Planeación “expidió concepto favorable a la Nación para contratar una operación de crédito público externo con la banca multilateral hasta por US $ 100 millones, o su equivalente en otras monedas, destinada a financiar el programa para la transformación digital de la justicia en Colombia en su fase uno.” En otras palabras, la mayor inversión que se ha hecho en la historia del país en materia tecnológica para la justicia.


Del concepto favorable ya mencionado, se desprenden tres componentes principales para la destinación de los recursos:

· Componente 1. Fortalecimiento Institucional: 37’561.000 USD.

· Componente 2. Fortalecimiento Tecnológico: 43’300.000 USD.

· Componente 3. Cultura Digital: 14’139.000 USD


Las proyecciones que se realizan respecto al impacto de estos recursos en el funcionamiento del sistema de justicia son bastante alentadoras. Por ejemplo, el proceso de modernización ayudaría a ahorrar a los ciudadanos, en promedio, $ 120.000 por proceso, $ 33.600 millones al año. Se espera lograr que en cuatro años el número de procesos con notificaciones digitales pase de 140.000 a 1.120.000 por año. Se pasará de 864 a 3.000 despachos judiciales con mecanismos apropiados de acceso y transparencia en su gestión procesal y administrativa, un avance del 17 % al 64 %.


Para resumir, hablamos de un cambio en el paradigma y los cimientos de como hoy se entiende el acceso a la justicia. Se pretende que la excepción sea el acceso presencial y físico y que la regla general sea la virtualidad. Este panorama implica un esfuerzo por parte de todas las personas que ven su vida laboral repercutida por la administración de justicia


Referencias:


https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4024.pdf

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/33484/2/2021_acceso_justicia_covid.pdf

https://www.ambitojuridico.com/noticias/tecnologia/tic/aprueban-plan-de-financiamiento-para-digitalizar-la-justicia


0 comentarios